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April 12, 2019

WASHINGTON – El senador Bob Menéndez (D-N.J.), miembro de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, junto con los senadores Dick Durbin (D-Ill.) y Ted Cruz (R-Tex.) anunciaron que el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad su resolución bipartidista en apoyo a los principios y estándares democráticos en Bolivia y en toda América Latina. La resolución reconoce las importantes transiciones a la democracia y las transferencias pacíficas de poder a través de elecciones que han tenido lugar en la mayoría de los países de América Latina. A la vez, la resolución pide a las democracias latinoamericanas, incluida Bolivia, que continúen respetando estas normas democráticas.

El esfuerzo bipartidista reconoce la importancia histórica de la elección del Presidente Evo Morales and 2005.  Y tambien expresa preocupación respecto a los esfuerzos del Presidente Morales para eludir los límites del mandato presidencial en la constitución boliviana y reafirma que los resultados del referéndum en 2016 para mantener los limites presidenciales reflejan la voluntad legítima de la mayoría de los votantes en Bolivia.

“Es fundamental que el Presidente Morales y otros líderes latinoamericanos y caribeños respeten los deseos de su pueblo de mantener los límites del mandato presidencial garantizados por sus respectivas constituciones y defiendan las normas democráticas por las que han luchado tanto por establecer,” dijo Menéndez.  “En el contexto de mayores amenazas a la democracia en todo el mundo, los Estados Unidos deben mostrar su compromiso con la defensa del gobierno democrático, y adoptar un enfoque claro y consistente contra cualquier líder electo que intente extender su control de poder al eludir la propia constitución de su país.”

“La aprobación de esta resolución bipartidista por parte del Senado envía un mensaje claro al Gobierno de Bolivia para que respete sus propios límites constitucionales”, dijo Cruz. “Si bien Bolivia se alinea con regímenes deshonestos y autoritarios, incluidos Venezuela y Rusia, es imperativo que los Estados Unidos subrayen la importancia de los límites de los mandatos y el valor de las transferencias pacíficas del poder”.

“El presidente Morales se enfrenta a una prueba de liderazgo – entre respetar las normas democráticas y la voluntad del votante boliviano al terminar su último término apoyándose en sus logros genuinos, o al intentar el camino imprudente de algunos de los pocos autócratas de por vida desprestigiados de la región”, dijo Durbin.

El texto completo de la resolución se puede encontrar aquí y a continuación.

 

Título: Apoyo a los principios y estándares democráticos en Bolivia y en toda América Latina.

Considerando que la nación de Bolivia proclamó su independencia de España el 6 de agosto de 1825, con Simón Bolívar como su presidente;

Considerando que Bolivia sufrió más de un siglo de frágil gobernabilidad e inestabilidad, con más de 150 cambios de liderazgo desde que obtuvo su independencia;

Considerando que Bolivia sufrió una sucesión de golpes militares, lo cual dio resultado a transferencias irregulares de poder entre presidentes y juntas militares durante los años 1964 al 1982;

Considerando que en 1982 se produjo una transición a la democracia, después de que la junta militar gobernante cediera el poder a un gobierno civil, que logró mantener el control a pesar de los grandes trastornos económicos y las dolorosas reformas del mercado;

Considerando que el presidente electo, Gonzalo Sánchez de Lozada y su sucesor, Carlos Mesa, ambos renunciaron ante protestas desestabilizadoras en 2003 y 2005, respectivamente;

Considerando que, en 2005, Evo Morales ganó su primer mandato como presidente, convirtiéndose en el primer ciudadano indígena de Bolivia elegido para el cargo;

Considerando que los pueblos indígenas históricamente marginados de Bolivia representan aproximadamente el 41 por ciento de la población del país, según el censo boliviano de 2012;

Considerando que, en 2006, el pueblo de Bolivia eligió una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución que reconoce mayores derechos políticos y económicos para la población indígena del país, mientras que los principales partidos de oposición boicotearon la elección de la asamblea constituyente;

Considerando que, en 2008, un 67 por ciento de los votantes rechazó un referendo revocatorio al mandato del presidente Morales;

Considerando que, en 2008, en medio de crecientes protestas en el país e incrementadas tensiones entre Bolivia y los Estados Unidos, el presidente Morales expulsó al embajador de los Estados Unidos en Bolivia;

Considerando que, en 2009, los bolivianos aprobaron, mediante una votación de más del 60 por ciento en un referéndum nacional, una nueva constitución que incluye un límite de dos mandatos presidenciales de cinco años;

Considerando que, en 2009, el presidente Morales ganó la reelección para un segundo mandato con más del 60 por ciento de los votos;

Considerando que, en 2013, los aliados al presidente Morales en la Asamblea Legislativa de Bolivia aprobaron una legislación que le permitió postularse para un tercer mandato—una ley que los aliados políticos del presidente Morales en el Tribunal Constitucional de Bolivia afirmaron, dictaminando que el límite de dos mandatos en la nueva constitución no aplicaba porque el primer mandato del presidente Morales estaba bajo la antigua constitución;

Considerando que, en 2013, el presidente Morales expulsó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por intentar “conspirar contra Bolivia”;

Considerando que, en 2014, el presidente Morales ganó su tercer mandato como presidente, con el 60 por ciento de los votos;

Considerando que, en 2016, el gobierno de Bolivia convocó un referéndum nacional para modificar la constitución a fin de permitir un mandato adicional para Morales;

Considerando que ese mismo año, más de la mitad de los votantes en Bolivia rechazaron la propuesta que eliminaba los límites al mandato presidencial que habrían permitido al presidente Morales postularse para un cuarto mandato y cumplir al menos 20 años en el cargo;

Considerando que después del referéndum, la administración de Morales aumentó su retórica en contra de los medios de oposición y avanzó una narrativa sugiriendo que había un plan para evitar que el presidente Morales permanezca en el poder;

Considerando que, en 2017, los partidarios del presidente Morales en el Tribunal Constitucional de Bolivia levantaron los límites de los plazos constitucionales argumentando que violaban los derechos humanos de los candidatos, citando la Convención Inter-Americana de Derechos Humanos, adoptada en San José el 22 de noviembre de 1969 y el principal tratado de derechos humanos en las Américas, como la base legal para su decisión;

Considerando que la Convención establece que los derechos políticos solo pueden limitarse en circunstancias muy específicas, una disposición que, cuando se redactó en 1969, tenía la intención de evitar que gobiernos abusivos prohibieran arbitrariamente que candidatos de la oposición se postulen y no impedía imponer límites a la reelección constitucional diseñados para reducir la corrupción y el abuso de poder dada la larga historia de dictaduras violentas y prolongadas en América Latina;

Considerando que la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia coloca a Bolivia dentro de un pequeño número de países en el hemisferio occidental que no pone límites a la reelección presidencial;

Considerando que, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, dijo que la cláusula citada “no significa el derecho al poder perpetuo … Además, la reelección presidencial fue rechazada por voluntad popular en un referéndum en 2016”;

Considerando que, en marzo de 2018, en respuesta a una solicitud de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Europea para la Democracia (Comisión de Venecia) publicó un estudio sobre la reelección, afirmando que:

(1) “No existe un derecho humano específico y distinto a la reelección”

(2) “Los límites de mandato […] son ??un límite razonable al derecho a ser elegido porque impiden un ejercicio ilimitado de poder en manos del Presidente” y

(3) “Los límites a la reelección de un presidente no restringen indebidamente sus derechos humanos y políticos”;

Considerando que la era de Morales ha visto muchos logros sociales y económicos, pero también un debilitamiento y socavamiento de las instituciones democráticas claves para favorecer al partido gobernante: ahora, por lo tanto, sea

Resuelto, que el Senado—

(1) elogia la transición a la democracia y las transferencias pacíficas y regulares de poder a través de elecciones en la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe en las últimas décadas;

(2) reconoce la importancia histórica de la elección de Bolivia en 2005 del primer presidente indígena del país;

(3) expresa preocupación por los esfuerzos para eludir los límites de los términos presidenciales en la constitución boliviana;

(4) respalda los límites del mandato presidencial que prevalecen en América Latina como controles razonables contra un historial de golpes de estado, corrupción y abusos de poder;

(5) expresa confianza que la votación del referéndum del 2016 para mantener los límites del mandato presidencial reflejó la voluntad legítima de la mayoría de los electores en Bolivia;

(6) está de acuerdo con la interpretación del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos de la Convención Americana de Derechos Humanos como no aplicable a los límites del mandato presidencial;

(7) pide al Gobierno de Bolivia que respete y, donde sea necesario, restablezca la independencia de los órganos electorales y gubernamentales clave y que administre las elecciones de octubre de 2019 en cumplimiento de las normas democráticas internacionales y sus propios límites constitucionales en los mandatos presidenciales; y

(8) pide a las democracias latinoamericanas que continúen defendiendo las normas y estándares democráticos entre los estados miembros.

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